Llevábamos semanas viendo la alta volatilidad del Banco Popular sesión tras sesión en el Ibex 35. Esta montaña rusa finalizó el 7 de junio con la compra simbólica por 1€ de la entidad por parte del Banco Santander. Esta compra implicó que la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendiera la cotización de las acciones de Banco Popular, atrapando a 300.000 accionistas minoritarios.
Con la compra del banco se protege así a los depositantes dado que la entidad estaba en el punto de mira del Banco Central Europeo que la había calificado como “fallida o que podía fallar”.
La cuestión que se nos plantea ahora es, ¿si Banco Santander ha comprado la entidad por 1€ cual es valor de las acciones que cotizan en bolsa? ¿Qué pasa con el dinero de los inversores en bolsa?
Cotización del Banco Popular los dos últimos años. Fuente
Ante tales preguntas tenemos que diferenciar, en primer lugar, entre si nos encontramos ante un profesional, como puede ser un fondo de inversión o, por el contrario, un accionista minoritario, aquel que no tiene capacidad de influir en el órgano de decisión. En segundo lugar, hay que tener presente el momento en que se adquirieron las acciones, pues el Banco Popular realizó en 2016 una ampliación de capital de 2.500 millones de euros.
Para aquellos accionistas que acudieron la ampliación de capital, para recuperar lo invertido hay que tener en cuenta que su situación es similar a lo ocurrido con la salida a bolsa de Bankia (OPV) pues las cuentas que presentó el Banco Popular en 2016 fueron reformuladas posteriormente. Así mismo, el folleto informativo de la ampliación de capital también debe ser tenido en cuenta a la hora de reclamar pues la información no era 100% veraz, siendo la vía adecuada la civil por vicio del consentimiento.
¿Qué pasa con el resto de accionistas? A diferencia de lo sucedido con Bankia, aquí no se puede alegar desconocimiento de lo que se adquirían eran acciones y que su valor podía variar, por lo que la vía del vicio del consentimiento decae. En este sentido, se nos plantean dos opciones: una acción penal por administración desleal contra el Consejo de Administración presidido por Emilio Saracho, o una acción social de responsabilidad de los administradores.
En cualquier caso, nos espera una larga batalla judicial pues la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas ya ha presentado una querella criminal ante la fiscalía anticorrupción y se prevé que los afectados actúen de forma más rápida que lo ocurrido con Bankia.
Iván Garrido García
Abogado. Oficina de Barcelona
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