La Asociación Transatlántica sobre el Comercio y la Inversión (TTIP) fue creada para la negociación de un acuerdo amplio sobre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, para impulsar el crecimiento económico, la inversión y el empleo.
Sus partidarios alegan diferentes estudios, como el elaborado por la consultora Ecorys para la Comisión Europea, que cifra en un 0,5% del PIB el crecimiento adicional anual de la economía de la UE y prevé un incremento de las exportaciones y las importaciones totales de la UE del 8,2% y del 7,4%, respectivamente, mientras que estima un aumento de las exportaciones de la UE a EEUU del 27% y de EEUU a la UE del 35,7%.
A pesar de esta visión tan positiva, en Alemania, Austria o Francia, las manifestaciones en contra de su firma han sacado a la calle a cientos de miles de personas. En España, el movimiento opositor es aún incipiente y centrado en sectores como el de la agricultura o la ganadería, los activistas y los ecologistas.
Alegan los opositores – no sin argumentos – que esta nueva normativa vendría a a dejar sin efecto u operatividad muchas de las regulaciones europeas vigentes a la fecha.
Así por ejemplo podríamos referirnos a la regulación de las Energías Renovables o el fracking, a la orden del día en EEUU y que cuenta con prohibiciones y moratorias en los países europeos, o la normativa de protección de datos de carácter personal que algunos alegan debería quedar al margen de la negociación.
Este acuerdo afectaría también al ámbito de las contrataciones públicas - en el que la mayoría de los Estados tienden a ser proteccionistas, favoreciendo la adjudicación a las compañías nacionales frente a las extranjeras – o a los agricultores y consumidores - por cuanto implicaría la aceptación de alimentos modificados genéticamente, o la eliminación de la obligación del etiquetado vigente en la comunidad, por aplicación del “reconocimiento mutuo” de estándares y normas entre ambos mercados.
No olvidemos tampoco las denominaciones de origen existentes en la UE que no encuentran regulación similar en los EEUU. No son pocas las voces que se han alzado a favor de una regulación más proteccionista en contra de aquellos que alegan que, con la evolución de la agricultura y las modernas técnicas existentes, las réplicas de productos con denominación de origen pueden hacerse en cualquier parte del mundo.
Provocará, dicen, que sectores industriales enteros queden expuestos a una competencia transatlántica salvaje que beneficiaría a las grandes multinacionales a costa de reducir o eliminar a los competidores nacionales de menor tamaño.
La polémica está servida. Lo que sí parece claro es que el rechazo a este tratado crece en España, representado y traído a los medios por Greenpeace pero que no deja de manifestar el descontento de una buena parte de la ciudadanía.
Igor Echevarría Osta
Abogado/Socio
Oficina de Bilbao
Abbantia Law Firm Abogados y Asesores Tributarios
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